Las empresas de municipios y regiones tienen más deuda que las del Estado
La deuda que acumulan las empresas públicas vinculadas a comunidades autónomas y ayuntamientos alcanzó en el primer trimestre del año los 9.431 millones de euros, el 1,1% del producto interior bruto (PIB), según el Banco de España. Esa cantidad es, por primera vez, superior a la que acumulan las sociedades estatales, que suma 8.081 millones, el 0,9% del PIB.
El cada vez menor peso del Estado en favor de comunidades autónomas y ayuntamientos sigue traduciéndose a los principales parámetros económicos. Además, la reciente revisión de la Contabilidad Nacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha decidido ampliar el número de entidades consideradas bajo el paraguas de las administraciones públicas.
Se trata de unos 200 entes y empresas públicas, dependientes en su mayoría de las comunidades autónomas, que con anterioridad estaban clasificados como sociedades no financieras.
En consecuencia, la deuda de estas empresas ha pasado a computarse como deuda de las administraciones públicas, aunque su impacto es muy pequeño, de apenas el 0,3% del PIB.
También esa recalificación debe tener su lógico reflejo en el déficit. Según Economía, la inclusión de esas empresas genera un desequilibrio adicional de 418 millones, el 0,05% del PIB.
¿Qué condiciones debe cumplir una sociedad de capital público para ser considerada de mercado o de la Administración?
Tal y como trata de dejar meridianamente clara la última directiva de Eurostat, si la sociedad puede cubrir el 50% de sus gastos con sus ingresos, podrá ser considerada de mercado, en caso contrario, permanecerá como parte de la Administración.
Para evitar desagradables sorpresas, como las protagonizadas por la madrileña Mintra (empresa autonómica que realiza las infraestructuras del metro) y Madrid Calle 30, la firma ideada por el Ayuntamiento de la capital para acometer la remodelación de la carretera de circunvalación M-30, el Banco de España, el INE y la Intervención General del Estado emiten un informe sobre cada nueva sociedad pública que se genera, delimitando si son o no empresas de mercado.
Lo que demuestran las cifras es que desde el año 2000 se ha observado un aumento del peso de la deuda de las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas y las corporaciones locales frente a una significativa reducción de la deuda de las empresas de la Administración central. Una de las causas de esta reducción fue la decisión del Gobierno de asumir la deuda de Renfe, dentro de la liberalización ferroviaria.
La mayoría de las empresas que el INE ha decidido incluir en la nueva Contabilidad Nacional están vinculadas a comunidades autónomas y tienen naturaleza jurídica de fundación.
Además, suelen ser sociedades vinculadas al mundo de la cultura y la educación. Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Madrid son las que más sociedades tienen. Otra de las novedades es la inclusión en el cómputo del PIB de los principales organismos reguladores, tales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), entre otros. Tanto la CNMV, como la CMT suelen cobrar una tasa o canon a las principales empresas de sus respectivos sectores por la prestación que realizan de un servicio público, circunstancia ésta que ha sido suficiente para que el INE haya pasado a considerar a estas sociedades como parte de la Administración. Lo cierto es que en los últimos años tanto las autonomías, como los ayuntamientos han intensificado la creación de esta clase de empresas.
El objetivo es canalizar a través de ellas fuertes inversiones, en especial en infraestructuras de transporte. Con ello logran que la deuda contraída para financiar dicho gasto no sea computada dentro del presupuesto público y así no se vulnere el principio de estabilidad y equilibrio en las cuentas. Sin embargo, para que eso pueda ser así hay que cumplir escrupulosamente el mandato de Eurostat. Es decir, que sean empresas que puedan cubrir con los ingresos fruto de su actividad al menos el 50% de sus gastos. De lo contrario, pasarán a pertenecer al ámbito de lo público, ellas y sus cuentas.