La comida española tendrá dificultades para acceder al mercado estadounidense debido al incremento en las medidas de seguridad, establecidos como parte de la lucha contra el bioterrorismo impuesta desde Washington.

Exportar cualquier tipo de producto agroalimentario español al país norteamericano será un poco más difícil desde el viernes que viene, fecha en la que se pone en marcha la Ley de Salud Pública y Prevención y Respuesta al Bioterrorismo. Las compañías que quieran introducir comida española en Norteamérica deberán ceñirse a unos requisitos más duros para colocar su producto. Previamente al viernes, las empresas habrán de registrarse en la entidad americana encargada de controlar la entrada y salida de comida y aditivos al país, llamada Food and Drugs Administration. La imposición de todas estas dificultades burocráticas que harán más compleja la comercialización de productos en Estados Unidos forma parte de una serie de medidas adoptadas ante el temor a sufrir nuevos atentados químicos a través de un virus.

Señal de alerta

Todos los entes españoles se han alarmado ante la situación; desde la administración hasta las asociaciones de empresarios relacionados con el sector, pasando por las cámaras de comercio. La entrada en vigor de esta normativa repercutirá negativamente, acarreando un mayor coste para exportar comida española, y una merma en su competitividad. Pese a la regulación de los trámites que se han de cumplir, el sector privado ha alertado de que éstos pueden convertirse en un tipo de arancel, dada la arbitrariedad con que pueden ser otorgados. Esta dificultad supone la aparición de un nuevo obstáculo en un mercado en el que ya es muy complicado competir debido a la gran cantidad de controles sanitarios y de otros tipos que se establecen. Las empresas españolas tendrán que registrarse obligatoriamente en el FDA si quieren realizar exportaciones a Estados Unidos. El proceso de registro exige que se deje constancia de cada planta, se proporcionen todos los datos de la marca, los productos que realizan y su categoría, y también se certifique su elaboración.

Un agente

A todas estas complicaciones se añade que cada empresa deberá tener entre sus empleados a un agente comercial de forma permanente en la zona, que esté a disposición de la FDA a cualquier hora del día, respondiendo por los intereses de la empresa española exportadora en calidad de representante. El coste de mantener este representante se calcula de unos 600 o 1000 euros anuales.

Trámite insalvable

Por si fuera poco, después de registrarse y contratar al agente, las empresas tendrán la obligación de avisar a las autoridades estadounidenses de todos y cada uno de los envíos de producto que realice, de las distintas muestras comerciales, de los productos que tiene en tránsito hacia otro país y de sus almacenamientos en zona franca.

Notificar todos estos procesos sumará un gasto a los envíos, encareciéndolos considerablemente, explican desde el sector de comida española, donde se pide que no se hagan interpretaciones restrictivas de los datos presentados, evitando así convertir los trámites en un bache imposible de superar, especialmente para compañías de menor tamaño. En caso de no cumplir alguno de estos pasos en el proceso, los empresarios pueden ver como se bloquea e inmoviliza su mercancía.